8 DE MARZO: Diya d´a muller treballadera

En los últimos días hemos comprobado el anhelo de la derecha más pestilente para controlar, lo que por derecho vital nos corresponde, nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra vida.  Con su ley las mujeres somos víctimas, así nos definen, y claro que somos víctimas, pero no por tener que abortar, sino del estado que nos obliga a dar a luz y a poner en riesgo nuestras vidas! Una ley que pretender juzgar a las mujeres puesto que sale desde el ministerio de justicia y no desde el de sanidad. Volvemos a una ley de supuestos más restrictiva si cabe que la del 85, en la cual se considera el supuesto de violación, en los mismos términos que en la del 85 y el de riesgo físico y psíquico para la madre (cuando el embarazo produzca un menoscabo importante en su salud, con permanencia o duración en el tiempo).

A partir de estos hechos, queremos mostrar nuestra total rabia ante el retroceso en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que conlleva a una nefasta educación sexual y a un no acceso a la anticoncepción, incluida la de urgencia. En este sentido, las mujeres no deben funcionar como moneda de cambio de partidos políticos, como es el caso del  PP, o de la jerarquía eclesiástica y otros grupos ultraconservadores que conforman la actividad sociopolítica actual. Pasando todos ellos por alto, que de acuerdo a la normativa europea e internacional se debe salvaguardar la protección y seguridad jurídica en materia de derechos sexuales y reproductivos. Así, a día de hoy, deberíamos tener derecho a las prestaciones específicas en lo que se refiere a servicios sanitarios, dejando de lado la criminalización en el código penal. 

Basta ya de hipocresía, las ricas abortarán y las pobres morirán por falta de medios y seguridad pública o hipotecarán su fututo y expectativas personales/profesionales en pos de una maternidad obligatoria no deseada ni garantizada con recursos sociales. Basta de paternalismos, que silencian nuestras voces y dañan nuestros cuerpos. Basta de endeudar a las mujeres trabajadoras, costeando el lujo y bienestar de clases altas que se aprovechan del trabajo de mujeres obligadas por el estado y sus leyes misóginas a subsistir en trabajos precarios. 

Por otra parte, la crisis económica que estamos viviendo, tiene y tendrá efectos muy negativos para el empleo de las mujeres y de todas aquellas personas transfeministas las cuales su género no está relacionado con el normativo.  

  Existe un claro riesgo de precarización del empleo en Aragón como consecuencia de la crisis económica. Precarización del empleo (mayor inestabilidad, menores salarios, etc.) que supone grandes pérdidas de derechos para el empleo y que, en consecuencia, y considerando la situación de partida de las mujeres en el empleo, afectará gravemente a sus condiciones laborales y a su participación en el mercado de trabajo.

Vuelve a mostrarse cierta tendencia socio-política a la protección del empleo masculino, que afianza el modelo cultural heteropatriarcal, que pone en peligro muchos de los logros en materia de igualdad en el ámbito social, y especialmente en el laboral. 

Sumado a esto,  para la mujer la pérdida del empleo significa el retorno al trabajo de la casa hasta una nueva oportunidad laboral. Así, durante los períodos de desempleo, las mujeres con hijos a su cargo, en lugar de centrarse en buscar otra ocupación remunerada, como hacen los hombres, suelen llevar a cabo tareas asociadas al mundo doméstico.

También desde ACR queremos reconocer y reclamar en Aragón lo que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado respecto a las personas transexuales. Se ha hecho una propuesta de Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de estas personas.

El  texto incluiría medidas para dar atención social, familiar, educativa y sanitaria a las personas transexuales. Los servicios proporcionados entre otras cosas serían algo tan importante como lo es la cirugía y los tratamientos y además acciones formativas específicas en este ámbito. Además este texto garantizaría una especial atención en la pubertad y en los menores de edad para garantizar el desarrollo de su identidad de género. Y para terminar, asegura en el ámbito de lo laboral las empresas concesionarias o entidades adjudicatarias de la Junta no hayan sido condenadas por discriminación a las personas transexuales»

 

 

Por todo ello,  debemos salir a las calles y confrontarnos con un sistema que nos niega a los sujetos transfeministas a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras  vidas, ya sea a través de las reformas sobre reproducción asistida, con la nueva ley del aborto o las reformas del trabajo. Nuestras voces han de visibilizarse y decir NO, ante unas normas que llevan implícitas el modelo heteropatriarcal hegemónico de la feminidad y la familia tradicional.